Los conflictos en la implementación de la Nueva Constitución

jul 27, 2010 Sin comentarios por
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José Díaz Gallardo

Bolivia por estos días vive los inicios de la implementación de la nueva Constitución, a través de la aprobación de cinco leyes estructurales que definirán el perfil del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Este esfuerzo de institucionalización abarca múltiples aspectos y es la principal variable de la coyuntura política posterior al triunfo del Presidente Evo Morales, el 6 de diciembre pasado, que confirmó su segundo mandato (enero 2010 a enero 2015).

Este esfuerzo político seguramente se convertirá en uno de los hitos definitorios del gobierno masista, proceso que se da en un marco de una hegemonía especialmente amplia, que sólo encuentra similitudes en la historia boliviana en la llamada Revolución Nacional de 1952, que encabezó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR.

La nueva Constitución (promulgada en febrero del 2009) es fruto de un proceso iniciado al menos en las movilizaciones del octubre del 2003, con la denominada “agenda de octubre”; pliego de demandas que en esa fecha, en el marco de una insurrección popular, expulsó del poder al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta agenda tenía entre sus puntos principales, junto con la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dictaría una nueva carta fundamental para “refundar al país”. La nueva Carta fue discutida en una Asamblea Constituyente elegida en julio del 2006, instancia integrada por 255 integrantes, en donde el MAS obtuvo la mayoría absoluta, pero no los 2/3 que le permitiría sancionar el articulado a su entera satisfacción. El proceso de aprobación tuvo múltiples y complejas incidencias, entre las que se encuentra la sanción final del texto en diciembre del 2007, en la ciudad de Oruro, cuando la oposición llego a desconocer la propia legalidad de la Asamblea.

Con respecto a las leyes estructurales, y como lo establece la propia carta fundamental (en la segunda norma transitoria) el gobierno del MAS tiene un plazo de 6 meses (que se cumple el 22 de julio) para disponer que la Asamblea Legislativa Plurinacional sancione las cinco normas esenciales para el nuevo ordenamiento constitucional: La Ley del Órgano Electoral (nuevo cuarto poder del Estado), la del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la del Tribunal Constitucional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Hasta el martes 6 de julio el gobierno del Presidente Morales había promulgado cuatro cuerpos legales; quedando sólo pendiente de aprobación en la Asamblea la denominada Ley Marco de Autonomías.

La amplia mayoría gubernamental en la Asamblea ha permitido que las fuerzas masistas hagan oídos sordos a las críticas al articulado de estas nuevas normas legales. Esto ha ocurrido tanto en los debates como en la redacción de las normas del órgano Electoral y de Régimen Electoral, como la del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial. La importante mayoría oficialista en la Asamblea ha permitido la aplicación del “rodillo” en las extensas sesiones.

Se debe destacar que algunas de estas normas introducen aspectos poco frecuentes en los ordenamientos constitucionales. Ya se ha mencionado que el Órgano Electoral se constituye por disposición constitucional en un cuarto poder del Estado. También es una particularidad que los magistrados del Poder judicial sean elegidos por voto popular, cuestión que se trasforma en única a nivel internacional cuando se trata del nombramiento de los siete miembros del Tribunal Constitucional.

La coyuntura también ha planteado el tema de las reformas de la Justicia y del Órgano Judicial; el control de ambas cámaras legislativas por parte del MAS, plantea la posibilidad de incidir en la conformación del Poder Judicial. En los últimos meses se ha producido una eventual judicialización de la política, debido a la falta de garantías de un debido proceso, del que no se librarían ni siquiera los ex presidentes constitucionalmente elegidos, lo que ha llevado a representantes de gobiernos europeos y del Alto Comisionado de los DD.HH de Naciones Unidas a mostrar su preocupación por el tema. Por otro lado, los sucesos de Uncía, donde comuneros lincharon a cuatro policías y se negaban a entregar sus cadáveres, puso en la agenda de forma dramática la compleja implementación de la Justicia Comunitaria.

La norma que ha generado mayores ruidos políticos y sociales ha sido la Ley Marco sobre Autonomías. La preocupación gubernamental por viabilizar la aprobación de la esta ley se vio reflejada en que se involucraron en su gestión un conjunto de ministros y vice-ministros para consensuar las competencias y el tema del financiamiento de las autonomías.

Aunque era previsible que la propuesta tuviese como críticos a las autoridades regionales de Oriente (de la otrora Media Luna), el gobierno se vio sorprendido por la apertura de un frente que no se lo esperaba en los debates sobre la ley: las organizaciones indígenas de las tierras bajas del Oriente, como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), parte de las organizaciones sociales que han sido cercanas al gobierno masista (al menos desde el 2005). Tanto la CIDOB como otros sectores de originarios del Chaco y de la Amazonía iniciaron una marcha el 21 de junio desde la ciudad de Trinidad (Departamento del Beni) hasta la sede del Ejecutivo, con la argumentación que el gobierno no estaba respetando los acuerdos y la Constitución Política respecto al área territorial de las autonomías indígenas.

La demanda de la CIDOB y también de otras organizaciones como sectores del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ) dice relación a que sostiene que los territorios indígenas autonómicos deberían estar basados en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que en los hechos suelen sobrepasar los límites departamentales. También esta organización indigenista considera que el Gobierno busca eliminar la consulta indígena que contempla la nueva Constitución, mientras que el gobierno argumenta que pretende colocar límites a esa prerrogativa constitucional. Incluso el Vice-presidente, Álvaro García Linera, junto con garantizar la consulta indígena, rechazó que ésta tenga la potestad de “truncar el desarrollo económico”.

Las diferencias con la CIDOB han sido tan enojosas para las autoridades gubernamentales, que se han terminado cruzando descalificaciones de grueso calibre; por un lado se ha generado una inédita movilización indígena, y por el otro, una denuncia de manipulación de las organizaciones indígenas por parte de las ONG y el imperialismo norteamericano.

Algunos personeros de gobierno, como el Ministro de Autonomías, Carlos Romero, señalaron que la agencia norteamericana USAID habría infiltrado a las organizaciones sociales, y estaría financiando las movilizaciones para crear un clima de conflicto y desestabilización del gobierno. El cuestionamiento de las ONG dedicadas a los temas del medio ambiente y los derechos indígenas ha alcanzado a organizaciones con CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), de la cual el propio ministro fue director en el pasado.

Por su parte, las organizaciones indígenas, basándose en diversos artículos de la nueva Constitución (entre otros los Nº 304, N º 305 y Nº 30) argumentan que sólo plantean su derecho a la libre determinación, a vivir en un medio ambiente sano y a la gestión y administración de los recursos naturales renovables según prácticas culturales. En este contexto la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) pidió al gobierno que suspenda la explotación de los hidrocarburos en la principal zona productora de Bolivia; el gobierno respondió que “a partir de ahora” en las consultas para la explotación de los recursos naturales la última palabra la tendrá el Estado. El ambiente se había caldeado de tal forma a fines de junio que algunos medios indigenistas hablaban de traición a propósito de la gestión del gobierno del MAS.

Es evidente que para un gobierno que se ufana de representar los intereses de los sectores indígenas, y además que su Presidente es descrito frecuentemente como el primer Jefe de Estado originario en la historia republicana, es un verdadero contrasentido que importantes sectores indígenas cuestionen la política gubernamental hacia el sector.

En otro frente, en uno tradicionalmente crítico al gobierno como el de los dirigentes regionales de Oriente, el gobierno masista también tiene trabajo. Las discrepancias surgen respecto a las nuevas competencias y los recursos económicos. El gobierno sostiene que los gobiernos departamentales ya recibieron recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en exceso y sin nuevas competencias, y que ahora lo que hay que hacer es darles nuevas funciones para que las atiendan con esos fondos designados con antelación. Las autoridades departamentales discrepan y regatean los recursos.

Se debe recordar que en las elecciones municipales y de gobernador del 4 de abril pasado, los sectores opositores ganaron en tres de las nuevas gobernaciones (Santa Cruz, Beni y Tarija) y en siete de las diez principales alcaldías del país, autoridades que asumieron el 30 de mayo. Por su parte, los tres gobernadores opositores, Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni), han sido acusados permanentemente por funcionarios de gobierno por malos manejos de dineros públicos, lo que plantea el tema de la autonomía del nuevo Poder Judicial.

Todo indica que el actor regional “autonomista” está persuadido que su margen de maniobra es escaso (al menos a mediano plazo) por lo tanto ha optado por una estrategia de no confrontar al gobierno masista, y sí de convenir aspectos presupuestarios o las prerrogativas de sus respectivas gobernaciones y alcaldías.

Por otro lado, en el conflicto entre el gobierno y la CIDOB se puede estar reflejando una cuestión distinta y más peligrosa respecto a la aplicación de la nueva CPE. Algunos analistas sostienen que se estaría incubando el inicio de un paulatino divorcio entre el proyecto del MAS y los intereses de los pueblos indígenas. Otros hacen la lectura que se trata de posicionamientos diferentes sobre un mismo punto, que el proceso de cambio que se vive supone una necesidad de adaptarse al nuevo ordenamiento.

Al respecto, sin duda, el gobierno enfrenta una especie de hipertrofia de demandas, producto también de una situación de excesivas ofertas incluidas en la Constitución. El conflicto se desata cuando las demandas indígenas cuentan con el respaldo de la normativa legal, y estos intereses colisionan con mega-proyectos, carreteras o proyectos industriales. El nuevo momento productivo que se plantea por parte de las autoridades (en especial por el Vice-presidente, Álvaro García Linera), énfasis desarrollista e industrialista que puede en un futuro cercano replantear estas diferencias.

Como decíamos al principio, la coyuntura está determinada por el triunfo del Presidente Evo Morales el 6 de diciembre pasado, que con el arrollador 64% de los votos reconfiguró el campo político boliviano, esto junto a la amplia mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional debería favorecer la implementación del nuevo marco constitucional. Esto último intenta llevar a cabo la construcción de un nuevo Estado post-neoliberal, cuya tensión central será la búsqueda del equilibrio entre eficacia en la gestión y la utopía emancipadora que identifica en forma genérica a las fuerzas que constituyen el partido de gobierno, el MAS.



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