Análisis de las iniciativas ya patrocinadas en Seguridad Pública por el gobierno de Sebastián Piñera

jul 27, 2010 1 comentario por
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Juan Fernando Ramírez

Poco más de cuatro meses lleva la actual administración del gobierno de Sebastián Piñera y sus diversos anuncios en materia de seguridad pública no han pasado desapercibidos. En su mensaje a la Nación del 21 de mayo de 2010, en Valparaíso, “Del Chile del Bicentenario al país de las oportunidades”, hizo importantes proclamas en la materia: Tramitar con urgencia la creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública; aumentar la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones; ampliar el Plan Cuadrante y enviar un proyecto de ley enfocado al “Respeto debido a Carabineros y Policías”. De igual forma, en los últimos días el Gobierno ha puesto el acento en un sistema de defensa de víctimas de delitos y en el control delictivo, a través del aumento de las instalaciones de cámaras de televigilancia.
Para analizar brevemente estos anuncios y medidas, e ir despejando algunas materias, haremos una breve descripción y un sucinto análisis sobre ellas.

Creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública: Primero, decir que esta medida no es una obra del actual gobierno, sino que fue una iniciativa legal impulsada durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet y cumple ya 4 años desde su envío para crear una nueva institucionalidad en el sector. Digamos, además, que este proyecto de ley fue aprobado con modificaciones en segundo trámite en octubre de 2009 y fue rechazado luego por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Hoy su discusión permanece pendiente en la Comisión Mixta.

Cabe agregar que, en términos gruesos, este proyecto busca resolver la falta de una autoridad exclusiva en el área y, por consiguiente, abordar la seguridad pública de forma unificada y con mayor desarrollo institucional como política de Estado. Ello conlleva un conjunto de alcances sectoriales a cargo de una institución central que dé respuestas de forma coordinada, ya que la actual institucionalidad se encontraría muy dispersa. Por lo tanto, se exige una mayor coordinación en cuanto a: toma de decisiones, elaboración y ejecución de las propuestas, labor policial, implementación de políticas, planes y programas. Asimismo, se requiere avances sustanciales en los mecanismos de evaluación, de registro y dar un rango legal a la creación de un sistema unificado de estadísticas criminales.

Hay que señalar, también, que este Ministerio de Seguridad Pública tendrá bajo su cargo a las policías de Carabineros e Investigaciones, lo cual queda estipulado en los artículos 101 y 17 transitorio de la Constitución Política del Estado (como antecedente, cabe mencionar que ambas policías pasaron a depender del Ministerio de Defensa durante la dictadura militar). Se creará igualmente una subsecretaría de Prevención para establecer una adecuada coordinación en el ámbito de la prevención y el control de los delitos y la rehabilitación de las personas que delincan.
Para entrar en el análisis sobre la instauración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, importa señalar la necesidad de avanzar en la creación de una institucionalidad adecuada a los fines de la seguridad pública.

Luego, dicho Ministerio debe ser capaz de unificar criterios y medidas multidimensionales en el área. La intersectorialidad es un hecho real y, por tanto, debe convertirse en la práctica en una herramienta real para trabajar sobre las materias en las que se involucran más de una institución u organización del sector público y/o privado. Así, por ejemplo, en prevención social ha costado mucho hacer coincidir objetivos entre el Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Menores (SENAME), Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), Sociedad Civil, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), entre otras instituciones. Por ello, cabe afianzar aún más el diálogo y darle mayor formalidad, sobre todo a la evaluación de planes y programas, los tipos de prevención que corresponderá promover al nuevo ministerio, las facultades y mecanismos de la autoridad responsable para conducir -y no centralizar- el esfuerzo de otros servicios públicos o actores sociales, para así llegar a una completa e integral coordinación entre los involucrados. En relación con la Reinserción y Rehabilitación, también este nuevo ministerio puede promover una comunicación fluida entre distintas instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, el Patronato Nacional de Reos, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y los organismos que estén facultados y/o que persigan dicho fin. Esto, en aras de tener una estrategia clara y menos dispersa. Sin embargo, insistimos, la exclusividad del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública no significa exclusividad inconsulta o sin diálogo.

Al respecto, el nuevo Ministerio debe contar con diferentes miradas, con metas de distinta índole, de acuerdo con los diferentes sectores -entre los que se cuentan servicios, ministerios, policías y sociedad civil- que realizan o pueden llegar a desarrollar un trabajo mancomunado, permitiendo complementariedad y coherencia de las medidas y objetivos impulsados. Esto debe contar con una dirección visible, que sepa coordinar respetuosamente las diferencias para afrontar una misma problemática desde varias aristas. Digamos que, hasta la fecha, efectivamente la respuesta pública a la seguridad ha sido sectorial, muy dispersa, reactiva y profundamente centralizada, en términos que las iniciativas provienen desde las cúpulas.

Lo anterior también debe contar con una modernización que contemple el diseño y ejecución de instrumentos de evaluación que permitan conocer los resultados e impactos de las iniciativas llevadas a cabo. De la misma manera, debe resguardarse la asignación de los recursos y el cómo se gastan, lo que se denomina inversión eficiente.

Por otra parte, hay que hacer hincapié en la participación de la sociedad civil. Si bien un Ministerio tiene de por sí un carácter gubernamental y central, es necesario el diálogo con la sociedad y conocer si las acciones o medidas implementadas cuentan con la venia o respaldo de la población, con su participación, ya sea en su aplicación local como también en el monitoreo ciudadano, a modo de evaluación y compromiso constante en su práctica. No basta con pedir que la población se involucre sólo en términos de hacer las denuncias -o delación- respecto a algún tipo de delito que se está cometiendo a su alrededor, cabe promover, por sobre ello, la vida de barrio, apoyar la organización social y conformar redes sociales para defender sus derechos. Asimismo, para la sociedad en su conjunto es muy importante la armonía entre libertad y seguridad, no puede haber sacrificios o excesos de control y orden a cualquier precio que perjudiquen las libertades individuales y colectivas. Una política bien llevada debe ser garante de mayores grados de libertad, menos abusos de las autoridades y de las policías y, en consecuencia, menos represión y mayor confianza en las instituciones. La demanda por seguridad exige respuestas mediadas y no abusivas.

Por último, hay que consignar también que en este nuevo Ministerio es necesario darle desde un comienzo rango legal a un sistema unificado de estadísticas criminales. Esto, para contar con datos y cifras fidedignas en materia de delincuencia, que permitan terminar con especulaciones o estudios interesados en bajarle o subirle el perfil al tema, según los intereses de turno.

Aumento de la dotación de Carabineros y del número de policías de investigaciones (PDI) y ampliación del Plan Cuadrante: según lo anunciado, se incrementaría en 10.000 el número de Carabineros y en 1.000 el personal de la Policía de Investigaciones en los próximos cuatro años. De igual manera, se aumentaría la presencia de carabineros mediante la ampliación del Plan Cuadrante a nuevas comunas para que ninguna de más de 25.000 habitantes quede fuera de este programa. Junto con esto, se anunció una nueva inversión en equipamiento para ambas policías, para hacer más operativa y oportuna su labor. Recordemos que el Plan Cuadrante consiste en un control policial más directo sobre las distintas zonas en que se divide una ciudad, en las cuales, a su vez, las áreas jurisdiccionales de cada comisaría se dividen en cuadrantes; estas reorganizaciones territoriales buscan disminuir los tiempos de respuesta a las emergencias policiales y, paralelamente, lograr un acercamiento constante entre la policía y la comunidad. Este plan busca, a través del plan de vigilancia policial por cuadrante, disminuir la sensación de temor de las personas en los distintos barrios .

En relación con esta medida cabe decir que, si bien tiene un efecto en la percepción de seguridad de las personas -en la medida que supone el aumento del patrullaje preventivo y la capacidad de respuesta policial frente al delito, gracias al incremento del contingente para afrontar situaciones complejas-, como iniciativa no encierra en sí misma un éxito garantizado. Creemos que la presencia policial ayuda, sin embargo no soluciona la raíz del problema delictivo. De la misma forma, la ampliación del Plan Cuadrante en el caso de Carabineros no necesariamente traerá consigo efectividad, como por ejemplo, en dar mayor eficacia al derecho, avalar el orden público y garantizar la seguridad de las personas.
Por lo anterior, es una buena oportunidad y fundamental llenar algunos vacíos de información referente a aspectos tales como la tasa de esclarecimiento de las investigaciones de los delitos que llevan a cabo las policías, clarificar con datos fidedignos la eficacia de la detención y, respecto al Plan Cuadrante, ver los reales efectos, con indicadores de efectividad en la experiencia, que avalen su réplica.

A su vez, este aumento en la dotación policial y la ampliación del plan cuadrante, representan una coyuntura propicia para, por ejemplo, constituir policías especializadas y profesionales y diferenciarlas de una buena vez de la imagen de policía sólo como instrumento coercitivo por parte del Estado. Claramente, el paso de Carabineros a la dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es una oportunidad para abandonar lo que define el Artículo 1º de su Ley Orgánica Constitucional, la Nº 18.961, en cuanto a que por definición es una institución policial técnica y “de carácter militar” . Hoy se necesitan policías diferenciadas de la fuerza militar, la cual sólo debe ser una parte del total de las fuerzas policiales. Del mismo modo, se requieren policías completamente autónomas frente a la interferencia política. La consolidación de la democracia exige un profesionalismo que debe asentarse entonces en el reconocimiento de que el sistema democrático es fuente de sus máximas prerrogativas. Digamos que hoy la policía fácilmente y sin sanción alguna puede responder más a las necesidades y demandas del gobierno de turno, que a las que provienen de la sociedad en general.

Por eso su aumento en número, basado en la confianza para ser protagonistas, debe traducirse en una respuesta y labor más profesional y donde no se cuestione seguidamente su rol o identificación política frente a determinados hechos (por ejemplo, revisar su proceder en el tema mapuche). Es una oportunidad para ratificar celosamente el apego al respeto de los derechos humanos, realizar siempre una labor con fines y orientación de servicio público, tener en cuenta que son igualmente responsables por las infracciones al derecho y que necesitan una aproximación no sólo con las víctimas, sino con toda la población si así se le demandase. Por todo esto, creemos que la policialización de la seguridad conlleva un riesgo, en la medida que deja en un segundo plano las causas del delito e instala el énfasis de forma exclusiva en un tipo de respuesta coercitiva frente al quebrantamiento de la ley y la inseguridad de las personas.

“Respeto debido a Policías”: Este anuncio básicamente dice relación con el aumento de las penas al maltrato de obra o de palabra a Carabineros y miembros de la PDI y sanciona también a quienes impidan o dificulten la actuación policial.

Esta iniciativa viene a reafirmar la confianza en estas instituciones y en realidad parece no tener mayor fundamento ya que actualmente lo que dice relación con las penas al maltrato de obra o de palabra a Carabineros ya existe y, es más, este delito debiera quedar fuera de la competencia de la justicia militar. En cuanto a aumentar las sanciones a quienes impidan o dificulten la actuación policial, es un hecho que amerita discusión en su mérito y de acuerdo con el derecho.

Sistema de defensa de víctimas de delitos: El Presidente anunció suma urgencia para la Reforma Constitucional que consagra un sistema de defensa y protección de las víctimas del delito, la cual debe ser materializada en un Proyecto de Ley que defina los detalles del sistema. Además, se propone la construcción de centros especializados para este tipo de atención, que comenzaría a operar en Puerto Montt, Alto Hospicio y Ovalle. Digamos al respecto que esto amerita la reforma constitucional, que establece la defensa de las víctimas en la Justicia, y que descansa hace más de un año en la Cámara de Diputados, por lo cual tampoco es una propuesta nueva. Esta Reforma Constitucional, en definitiva, establece el derecho de las víctimas a tener defensa jurídica y también defensa en materia psicológica y social cuando han sido víctimas del delito.

Sin dudas que este anuncio ha sido el que ha causado mayores controversias ya que, si bien todos coincidimos en prestar más apoyo a las víctimas, no existe consenso en la forma o estructura en que ésta se materializará. Así, se dice que sería positiva cualquier medida que preste asesoría integral y coordine a los diferentes organismos existentes -públicos y privados- para que se preocupen de quienes sufren las consecuencias de un hecho delictivo. Sin embargo, para el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien valoró la iniciativa, la creación de una nueva institucionalidad traería dificultades y sostuvo:”Nosotros tenemos por función dar protección y apoyo a las víctimas y eso es resorte de la fiscalía.

Este proyecto es valioso en la medida que preste asesoría integral, jurídica y psicológica a las víctimas, pero es importante que no se superponga a las facultades del Ministerio Público” . Al respecto, decir que coincidimos con esta apreciación, ya que si bien el espíritu de la iniciativa es el correcto, no es necesario crear otra institución para su ejecución, pues ello podría traer mayores problemas en la operatividad, además deslegitimaría la funcionalidad del Ministerio Público en la Reforma Procesal Penal que necesita ir perfeccionándose y en ningún caso debilitarse. Por su parte la directora de la Fundación Paz Ciudadana y ex Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, también manifestó su preocupación por el anuncio de crear una defensoría de las víctimas; la abogada sostuvo que “preocupa la creación de una institucionalidad de esta naturaleza, porque la reforma procesal penal siempre contempló que las fiscalías debían preocuparse de las víctimas y tienen unidades para atenderlas”.

En ese sentido, sostuvo que si existe una necesidad por reforzar la atención de las víctimas, la discusión se debiera dar en ese marco y sentenció: “No me parece crear una institucionalidad nueva para eso” . En consecuencia, esta medida no cuenta con el apoyo de los expertos en la materia y además trae consigo diversas dificultades operativas.

Aumento de cámaras de televigilancia: La Intendencia Metropolitana y la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior implementarán un millonario programa de televigilancia en varios puntos de la capital con el objetivo de aumentar el control de las calles. En lo concreto consiste en la instalación de 313 cámaras en comunas como Santiago, Recoleta, Estación Central y Quilicura.

En la presentación del programa, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo que “este proyecto refleja exactamente el espíritu de nuestro gobierno: un combate decidido y creativo contra la delincuencia. (…) Las cámaras que ustedes han podido ver son un instrumento eficaz, no sólo para prevenir el delito, sino también sirven como elemento probatorio para perseguir posteriormente a quienes han delinquido ”. El sistema contempla la adquisición, conexión, instalación y puesta en servicio de cámaras de video IP para 24 comunas de la región, con un costo asociado de más de $1.578 millones, financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha medida también tiene sus antecedentes en la administración anterior; de hecho, desde el 2006 el Gobierno Regional entrega financiamiento a las diversas comunas para impulsar proyectos de seguridad y, en el caso del sistema de vigilancia, ya se habían entregado recursos de este tipo en Santiago, La Florida y Quilicura. Las comunas incluidas ahora en este proyecto son: “Santiago, Estación Central, Pudahuel, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, San Bernardo, San Joaquín, San Ramón, Puente Alto, Lo Espejo, Cerrillos, Recoleta, Ñuñoa, Renca, Providencia, Maipú, Quinta Normal, El Bosque, Calera de Tango, Huechuraba, Quilicura y Talagante. La iniciativa, que debería estar ejecutada el segundo semestre de este año, incluye 14 salas de monitoreo, las que podrán ubicarse en comisarías y/o dependencias municipales. En el caso de Santiago, la comuna reemplazará totalmente sus cámaras análogas y aumentará su cobertura a la zona sur y poniente”.

Las cámaras de seguridad se instalan en calles de alta concurrencia, plazas o parques comunales, centros comerciales o malls y estacionamientos, con el propósito de disminuir la victimización y aumentar la percepción de seguridad de las personas en un lugar público. Sin embargo, cabe preguntarse por el impacto real que tiene esta herramienta en la prevención de la delincuencia más allá de su efectividad disuasiva que se da en el lugar puntual donde se instaló. Además, cabe conocer qué sucede con el traslado de la delincuencia a otros sectores aledaños.

Por otra parte, su evaluación de impacto debe darse a nivel comunal o global y no sólo de la esquina que es vigilada. Esto, porque indudablemente que el delincuente que sabe que es observado no delinquirá en ese lugar y por ende sólo hay una prevención situacional cuyo objetivo es reducir las oportunidades que otorga el lugar para cometer un delito. Por último, decir que este auge de la tecnología en materia de sistemas de seguridad ha permitido aumentar el negocio de la seguridad, asociado a la percepción de intranquilidad, temor y malestar, o lo que otros llaman el “negocio del miedo”.

Comentarios finales
Podemos comenzar afirmando que las medidas anunciadas, y anteriormente analizadas, tienen un carácter poco novedoso y más bien son continuidad de anteriores iniciativas legales. Es decir, son decisiones que tienen antecedentes en la pasada administración y que insólitamente han sido etiquetadas con amplio respaldo mediático como “novedosas”.

En segundo lugar, representan una visión clásica o tradicional en el tratamiento de la seguridad pública. Esto, ya que están centradas en los hechos delictivos, en la violencia y en el orden interno, lo que genera una percepción incontrolable de la delincuencia y donde el Estado debe dar, según las autoridades, las señales correspondientes. Por ello esta política de seguridad apuesta, en lo preventivo, a incrementar las facultades y medios de las policías, a vigilar la vida de las personas con cámaras de filmación o de televigilancia y a controlar el orden social y la seguridad pública desde una mirada centralizada. En lo represivo, apuesta al mayor número de efectivos policiales, otorga mayores prerrogativas a las policías, endurecimiento de las penas, entre otros.

Se echa de menos, por lo tanto, una visión centrada en la seguridad de las personas, en la Seguridad Humana, la cual va más allá de una visión ajustada a lo delictivo o tradicional y que establece lo que el PNUD ya citaba en el año 1994, en cuanto a las nuevas dimensiones de la seguridad (o de la inseguridad), a saber: económica, financiera, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de género, comunitaria y política; es decir, vulnerabilidades político-sociales. Esta mirada complementaria, apuesta en lo preventivo a que la seguridad no puede ni debe excluir estrategias integrales de desarrollo. De igual forma, cabe superar la interpretación antinómica entre libertad y seguridad; que si se quiere mayor seguridad, hay que sacrificar parte de la libertad (con el tema del patrullaje, control de identidad y cámaras de vigilancia). En lo represivo, esta visión plantea la pena justa (ni mano blanda ni dura) y ajustada a derecho. En el ámbito carcelario, plantea el uso racional del presidio como medida de última salida en lo penal (derecho penal mínimo).

Del mismo modo, cabe tener presente que la seguridad humana no substituye a la seguridad convencional y a la responsabilidad del Estado respecto a la seguridad pública, sino que más bien incorpora otro elemento: la preocupación prioritaria por el bienestar de la ciudadanía, la sociedad civil y, por ende, de las personas. Por ello, las decisiones atingentes a la seguridad ciudadana no pueden pasar sólo por la implementación de una nueva administración en el área, o por iniciativas sólo en dirección del quehacer policial y jurídico, sino que necesariamente, desde esta visión, también deben contemplar aspectos sociales, políticos y económicos con miras a la prevención de condiciones que pueden a su vez generar problemas a la seguridad integral.

La reforma del sector seguridad implica, por otro lado, que se involucren nuevos actores. Ya no son sólo los actores institucionales los llamados a definir las políticas de seguridad, sino también las personas a quienes están dirigidas las medidas de protección; es decir, pasar de una mirada estadocéntrica a una multicéntrica. Por ende, el fortalecimiento de la sociedad civil es indispensable para un adecuado logro de este objetivo, lo que, sin embargo, pasa a constituirse en una realidad difícil de visualizar según estas medidas.

Tampoco es bueno comentar a cada instante la gestión cuando se trata de supuestos éxitos en el control de situaciones complejas, como sucedió en el Día del Joven Combatiente o las tomas en la minera Collahuasi. En ambos casos, si bien hubo tranquilidad, no es para autofelicitarse a cada instante. El aprovechar la cobertura y el respaldo mediático es un recurso que en el corto plazo puede tener frutos en las encuestas, pero a la larga puede traer un cuestionamiento sobre cualquier intención o iniciativa, por muy buena que ella sea. Por lo demás, el Ministro del interior ha comentado fallos de la justicia a través de los medios, lo cual también puede generar roces con otros poderes del Estado y causar, en consecuencia, intromisiones, presiones indebidas o polémicas estériles.

En consecuencia, notamos que a través de estas iniciativas existe una clara intención mediática de dar señales en materia de seguridad pública. Asimismo, advertimos una ausencia de prevención estructural en materia de seguridad y entender que la seguridad pública es también proteger la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo humano y al menos en estas iniciativas no se evidencia una estrategia en este sentido, sino más bien el foco está puesto sólo en la delincuencia. Surge entonces la necesidad de replantearse la seguridad pública como una agenda de seguridad integral.

Del mismo modo, estas iniciativas deberían poner en práctica criterios orientadores de una política de seguridad que ponga mayor énfasis en la evaluación y responsabilización. Es fundamental que las actuaciones desde el Estado y el Gobierno sean conocidas por los afectados y estén sujetas al control de ellos mismos y al control externo. Es preciso, entonces, evaluar las intervenciones y estrategias para que éstas se repliquen en base a la evidencia y el conocimiento. El país precisa de un sistema integrado con diversos módulos de información, pues si no se mide su actuación es poco lo que se puede mejorar, realmente.

Referencias:
- Diario El Mercurio, versión online http://www.emol.com
- Diaria La Tercera, versión online http://www.latercera.com
- Diario Oficial de la República de Chile, versión digital http://www.anfitrion.cl
- Revista de Estudios Político Militares, Centro de Estudios Estratégicos, número 8, 2º semestre de 2004-ISSN 0717-6392. Santiago de Chile.

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ii.  Ver más antecedentes en Ramírez, Juan. “Deuda de evaluación en las políticas de seguridad ciudadana”, en Revista de Estudios Político Militares, Centro de Estudios Estratégicos, número 8, 2º semestre de 2004-ISSN 0717-6392. Santiago de Chile.
iii.  Cabe consignar que Carabineros de Chile hoy depende directamente del Ministerio de Defensa Nacional, aunque a través de la Ley 20.050, última modificación Constitucional, según el artículo 101º de la señalada carta fundamental, establece que su dependencia será la del Ministerio que tenga a su cargo la Seguridad Pública, la cual se encuentra en trámite parlamentario en lo concerniente al estatus Jurídico del Ministerio de Seguridad Pública.
iv.  En la actualidad la persona que mate a un carabinero o efectivo de Investigaciones que estuviera en ejercicio de sus funciones, será castigada con la pena de 15 años y un día a 40 años sin derecho a la libertad condicional, es decir, presidio perpetuo calificado. En cuanto a las lesiones, se determina que la persona que hiera, golpee o maltrate de obra a un carabinero que se encuentre en el ejercicio de sus funciones será castigado con pena de 10 años y un día a 15 años, si como resultado de las lesiones, el policía queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme; con una pena de 3 años y un día a 10 años, si las lesiones le produjeran una enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días; con pena de 541 días a 5 años, si le causa lesiones menos graves; y, con pena de 61 a 540 días o multa de 6 a 11 UTM ($ 184.950 a $ 339.070), si le ocasiona lesiones leves. También ya se establecieron las penas para quienes amenacen a Carabineros e Investigaciones, con conocimiento de que los policías afectados son integrantes de las respectivas instituciones, tienen una sanción que va desde 61 días a 3 años de cárcel. Ver más antecedentes en Ley Número 20.064 que Aumenta las Penas en los Casos de Delitos de Maltrato de Obra a Carabineros…que modifica el Código de Justicia Militar, publicada el 29 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial (fecha de promulgación: 15 de septiembre de 2005).
v.  El Mercurio, Sección País. 22 de mayo de 2010.
vi.  El Mercurio, Sección País. 22 de mayo de 2010.
vii.  La Tercera, Sección Nacional. 2 de junio de 2010.
viii.  El Mercurio, martes 1 de Junio de 2010.
ix.  Ibídem.



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Juan Fernando Ramírez


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Periodista y licenciado en comunicación social; Magíster © en Ciencias Militares, mención Operaciones de Paz; integrante del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile). E-mail: jframirez8@yahoo.es

Un comentario para “Análisis de las iniciativas ya patrocinadas en Seguridad Pública por el gobierno de Sebastián Piñera”

  1. Gustavo Ramos dijo:

    Me parece un muy buen artículo, existe un examen crítico a cada reforma que quiere impulsar el presidente…

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